Hasta un 60% de la Amazonía peruana está ocupada por concesiones para explorar hidrocarburos, lo que ocasiona una amenaza a la biodiversidad y a los pueblos indígenas. Así lo afirmó un estudio publicado este mes por investigadores de la Universidad Duke de Carolina del Norte y de las organizaciones no gubernamentales Save America’s Forests y Land is Life, con sede en Estados Unidos.


Los asháninkas se niegan rotundamente al ingreso de más empresas petroleras: “No permitiremos el ingreso de la empresa porque habrá contaminación y vamos a sufrir. Nosotros cazamos y pescamos, vivimos tranquilos, no queremos que eso cambie”, advierte la indígena Medaly Pancho, de la comunidad de Samaniato, ubicada en la provincia de , ubicada en la región Junín.

“Si quieren entrar a su manera, las organizaciones no nos responsabilizamos de lo que vaya hacer la población. Aquí correrá sangre”, advirtió a IPS una de las integrantes de la junta directiva del CARE, Rosa Buendía.

Perú Corporation firmó un acuerdo el 13 de diciembre de 2005 con el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo, las autoridades esperaron hasta el viernes 29 de este mes para iniciar formalmente los talleres informativos en el río Ene, un proceso obligatorio para obtener el consentimiento informado de las comunidades indígenas que habitan estas tierras.

Entran a la selva sin ningún permiso

Las comunidades campesinas mostraron su rechazo hacia las autoridades de turno ya que no fueron consultadas por la empresa Perupetrol el ingreso para la concesión de sus territorios para explotación petrolera.

En el congreso de julio, los nativos reiteraron su posición, ya definida en febrero de 2007, y decidieron conformar una nueva comisión encargada de solicitar al gobierno la anulación del contrato con Pluspetrol.

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En asamblea, también se resolvió expulsar de las comunidades a los nativos que “traicionen la posición” de los pueblos originarios del Ene. “La empresa está acostumbrada a comprar a ex dirigentes para avalar sus proyectos. Quieren dividirnos y nos ofrecen dinero”.

Diálogos y comunicaciones entre la Empresa y la Comunidad

En octubre de 2007, la compañía remitió una carta a la presidenta de la CARE, Ruth Buendía, informándole que en noviembre efectuaría trabajos de geología en el tramo carretero La Merced- Oxapampa, en la selva central.

La organización respondió al Ministerio de Energía y Minas de ese entonces, asegurando que el proyecto se “superpone sobre todas las comunidades nativas e incluso sobre la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka por lo que las labores de exploración y explotación afectarán directamente a las comunidades incumpliendo así las disposiciones del Convenio 169”.

“Con los precios altos que tiene el petróleo, sería contrario al sentido común desaprovechar la oportunidad, porque con ello usted está asegurando mayores ingresos para que el Estado pueda redistribuir la renta y generar servicios como la electrificación rural”, aseguró a IPS el viceministro de Energía, Pedro Gamio, ferviente convencido de que la explotación de los recursos naturales es fundamental para generar desarrollo.

paquitzapangoEl antropólogo de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Oscar Espinosa, explica en los hechos que esa mirada gubernamental sólo termina generando un alto costo social.

“Hay un afán de modernizar a los pueblos indígenas como parte de una política totalmente desactualizada, del siglo XIX, que sólo genera conflictos sociales. El Estado tiene una gran deuda pendiente con estas comunidades, que debe asumir generando mecanismos claros de consulta antes de tomar decisiones sobre sus territorios”, dijo a IPS.

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Para las comunidades ashaninkas, el territorio está ligado al alimento que conseguirán para sobrevivir, a la cultura, a la tradición, a la herencia de los antepasados y a la que dejarán a sus descendientes.

“Nos darán plata ahora por sacar el petróleo, pero ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos cuando todo esté contaminado, si el territorio es lo único que tenemos nosotros?”, se preguntó Rosa Buendía.


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